Title: RES. Nº 156 FOLIO 375-377 T. II EXPTE Nº 81009853-13
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^Poder ^Judicial ^de ^la ^Nación

Expte. N° 9853/13

En la ciudad de Corrientes, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos  mil trece, estando reunidos los Sres. jueces de cámara Dres. Ramón  Luis  González,  Mirta  Gladis  Sotelo  de  Andreau  y  Selva  Angélica Spessot, asistidos por la secretaria de cámara Dra. Cynthia Ortiz García de Terrile,  tomaron  conocimiento  del  expediente  caratulado:  “Barreto  Juan Elpidio	c/	Estado	Nacional	Argentino	(Armada	Argentina)	s/Acción Declarativa  de  Certeza  (Art.  del  C.P.C.C.N)”,  Expte.   N°  9853/13	del registro de este Tribunal, proveniente del Juzgado Federal de esta ciudad.
Efectuado  el  sorteo  a  los  efectos  de  determinar  el  orden  de  votación, resultó  el   siguiente:  primero  Dr.  Ramón  Luis  González,  segundo,  Dra. Selva Angélica Spessot y tercero Dra. Mirta Gladis Sotelo de Andreau.

SE PLANTEAN LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

-¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA?

-¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?
A  LAS  CUESTIONES  PLANTEADAS  EL  DR.  RAMÓN  LUIS  GONZÁLEZ DICE:

CONSIDERANDO:

_I)  _Que  _a  _fojas  _85/91  _la  _apoderada  _de  _la  _demandada

U S O O F I C I A L

expresa agravios contra la sentencia de fs. 73/77 por la que el juez a-quo hizo lugar a la demanda promovida a fs. 17/20 y, en consecuencia, declaró el derecho que le asiste al actor para ser considerado como ex combatiente
–con el calificativo de “veterano de guerra” en el conflicto bélico suscitado
en  el  año  1982  denominado  Guerra  de  Malvinas  o  del  Atlántico  Sur”. Consecuentemente  declaró  su  facultad  de  hallarse  comprendido  en  el beneficio previsional –pensión de guerra- otorgado en los términos del art 1 de la Ley 24652. Impuso las costas a la demandada y reguló los honorarios profesionales.
Le  causa  gravamen  que  se  haya  considerado  al  actor como  veterano  de  guerra  sin  que  haya  pisado  Malvinas,  ni  estado  en  el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (en adelante TOAS).
Explica  que  convalidar  este  temperamento,  importaría reconocer el aludido carácter a toda persona con estado militar durante los meses de abril y junio de 1982, lo cual considera ilógico.
Dice que, conforme a la Ley 23109 al efecto pretendido, debió  participarse en acciones bélicas y únicamente en los dos teatros de
operaciones a los que refiere la norma, no incluyendo a la Isla Grande de
_Tierra _del _Fuego.
Comenta  que  es  de  público  conocimiento  que,  en  los últimos   años,  se  formaron  grupos  de  conscriptos  o  integrantes  de  la reserva  que  fueron   movilizados  para  conformar  las  filas,  pero  que  no entraron  en  combate,  ya  que  éste   se  circunscribió  a  los  dos  ámbitos mencionados por la ley citada. Advierte que esos movilizados reclaman ser considerados ex combatientes.
En	cuanto	a	los	teatros	de	operaciones,	señala	que existieron el TOM –vigente desde 02/04/82 al 07/04/82 con jurisdicción en  las  Islas   Malvinas,  Georgias  y  Sandwich  del  Sur  –  y  el  TOAS  con vigencia desde el 07/04 al  14/06/82 con jurisdicción idéntica al anterior más el espacio aéreo y submarino correspondientes.

Dice que la ley excluyó al TOS –Teatro de Operaciones Sur, vigente  desde el 09/04/82 y hasta la finalización del conflicto- conocido como	“Zona	de	Despliegue	Continental”	que	comprendía	las	bases militares desde el paralelo 42º al Sur, incluyendo la Isla Grande de Tierra del Fuego e Isla de los Estados.
Explica  que  la  exclusión  no  fue  caprichosa  sino  que  se
fundó en que en este último teatro no se realizaron acciones bélicas, por lo que no existiría discriminación, ni afectación del principio de igualdad ante la	ley.	Cita	jurisprudencia	sobre	los	alcances	de	esta	garantía constitucional,  concluyendo  que  la  exclusión  es  justa  y  legal  ya  que  los “movilizados continentales” no pueden considerarse en pie de igualdad con los   reconocidos   ex   combatientes   por   más   que   hayan   coadyuvado   a sostener la maquinaria bélica.
Manifiesta que, al margen de las definiciones de la lengua
castellana, hay otras específicas y claras respecto de la aplicación de las normas cuestionadas en el orden local por lo que –aduce- nada tienen que ver   las   Convenciones   de   Ginebra,   ni   sus   Protocolos   Adicionales   que tienden a proteger a quienes ya no  participan en el combate. Menciona a las leyes 23118, 24343 y 24950.
Aclara que se brindó reconocimiento –Medalla del Atlántico Sur con y  sin roseta- a quienes sin encontrarse en el TOM, ni en el TOAS contribuyeron  al   sostenimiento  de  las  hostilidades,  incluso  por  la  Ley
22674 se estableció un subsidio que se extendió a tales personas en los casos	en	que	resultaron	disminuidas	psicofísicamente	de	modo permanente.
Mas	otros	beneficios	como	la	“pensión	de	guerra”
corresponden   exclusivamente   a   quienes   combatieron,   conforme   a   los
antecedentes que lo sustentaron.
Cita,  entre  otros  fallos  de  la  Corte  Federal,  el  que  establece como   directriz   que   cuando   la   letra   de   la   ley   no   exige   esfuerzo   de
interpretación,  debe  ser  aplicada  directamente  -Fallos  324:1740-  por  lo que, no  advierte la injusticia del Decreto 508/88 reglamentario de la Ley
_23109.
Pone  de  resalto  el  carácter  restrictivo  con   el  que  deben interpretarse los beneficios excepcionales (Fallos “Ferrer Roberto Osvaldo”
308:2246	y	siguientes	y	“Magan	de	Arias,	Josefa	Martina”	Fallos
323:3308/09).
Advierte  que  pese  a  que muchos  juzgados  entienden  que  la
Provincia  de  Tierra  del  Fuego  formó  parte  del  TOAS,  aún  el  Máximo
Tribunal no se ha expedido al respecto.
Dice que la Junta Militar delimitó, por una serie de decretos de carácter  secreto, el “Teatro de Operaciones” en el que se desarrollarían las acciones militares.
A todo evento, mantiene el Caso Federal.
II) A fs. 95/98 el actor contesta el recurso, insistiendo en que,
conforme al certificado del Sub jefe de la Base Aeronaval Punta Indio de la Armada   Argentina   –cuya   copia   se   adjunta   al   presente   junto   con   el certificado Nº255/05-,  ha participado durante el período 24/04/82 al 21 de agosto del mismo año en el TOAS al que fue movilizado formando parte de  la  dotación  de  la  Base  Naval  Río  Grande,   debiendo  minar  en  los alrededores y realizar guardias permanentes en la pista de  aterrizaje de la base.
Dice  que  del  análisis  surge  que  el  conflicto  armado  ha
trascendido la limitación física del TOAS, incluyendo a conscriptos, civiles y soldados profesionales.
Refiere a los decretos secretos dictados por la Junta Militar y
define qué es un Teatro de Operaciones, haciendo un relato histórico de los	acontecimientos.	Recuerda	que	existen	acciones	bélicas	que	se

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conocieron  con  posterioridad  a  la  finalización  de  la  guerra  y  que  si hubieran  llegado a cumplir su objetivo, hubieran trasladado el conflicto al continente,  como  en  el  caso  de  la  incursión  de  los  comandos  británicos contra las bases de Río Gallegos, que abortaron la misión ante el temor de ser descubiertos. Señala que también hubieron alarmas por infiltración de unidades comando chilenas.
Insiste	en	que	al	personal	movilizado	se	le	dieron certificados de ex combatientes o veteranos de guerra, incluyendo en sus respectivos  DNI  la mención de que participaron en el conflicto, dictándose en la Armada la Res. COAR-922/82 que otorgaba Botón Solapa y Diploma de Honor al personal en esa situación.
Recuerda las directivas que se impartieron para defender el litoral   atlántico  desde  el  paralelo  42º,  reconocidos  oficialmente  en  el “Informe Rattembach”  del que se desprende que en Tierra del Fuego estos ciudadanos cumplieron una misión estratégica operacional de guerra.
Sostiene  que  la  Ley  23109  es  la  norma  marco  junto  a  su decreto  reglamentario 509/88 y pese a que ella dispuso que cada fuerza
armada asigne según sus registros la calificación de “veterano de guerra”, en 1994 la  Armada Argentina decidió, en forma arbitraria no considerar como tales a quienes  participaron en la zona mencionada, excluyéndolos de  los  beneficios  de  las  distintas  leyes  dictadas  por  el  Congreso  (leyes
222674,  23118,  23240,  23490,  23701,  23598,  23848,  24310,  24343,
24652, 24734 y 24892).
Insiste en que estas personas cumplieron órdenes, ocuparon el
puesto de combate que se les asignó, por lo que se los debe considera ex combatientes  conforme  al  art.  43  del  Protocolo  II  de  la  Convención  de Ginebra	y	a	la	definición	de	Podestá	Costa	en	su	obra	Derecho Internacional  Público: efectivos militares a los que el Estado encomienda realizar operaciones bélicas. (Capítulo XIX, pág 81 y siguientes).
Manifiesta -citando autores- que el continente –Zona Interior- fue
el  lugar  determinado  por  la  autoridad  militar  para  la  preparación  de acciones  bélicas. Y,  le parece inhumano no considerar ex  combatiente a quien estuvo en zona  del  interior –no de combate- ya que la disciplina, el estilo de vida que han tenido, es  natural a un ambiente de guerra tanto desde el punto de vista material como anímico.  Advierte que los chilenos seguían siendo un factor irritante y que todas las noticias  llegadas eran negativas	ya	que	el	tráfico	radial	del	Ejército	chileno	sugería	una movilización  general  al  estilo  israelí  que   motivó  una  concentración  de fuerzas cerca de la frontera, como un factor disuasivo.
Señala que Tierra del Fuego y la Patagonia, vivieron una realidad
bélica	y	tuvieron	un	desempeño	que	autorizaba	tenerlos	como	ex combatientes.
Siguiendo	al	libro	“Historia	de	la	Guerra	de	Malvinas”	de
Armando  Alonso  Piñero  recuerda  que,  en  el  continente,  las  autoridades militares  ordenaban operativos de aprestos bélicos en todas las ciudades de  la  costa  atlántica,  ante  la  eventualidad  de  ataques,  especialmente  en Comodoro Rivadavia, Puerto  Belgrano, Mar del Plata y Ushuaia, donde se llevaron	a	cabo	ensayos	de	oscurecimiento	y	se	adecuaron	las instalaciones hospitalarias para recibir posibles contingentes de heridos.
Por  último,  concluye  que,  conforme  a  la  crónica  periodística,  si bien  las  acciones  bélicas  se  desarrollaron  en  las  islas,  dichos  aprestos
bélicos  y  otras  acciones  relacionadas  con  la  guerra,  se  efectuaron  en  el continente.
Manifiesta que según el criterio de la Corte Suprema de Justicia en autos   “Geres,  Carmelo  Antonio  c/Estado  Nacional  S/Impugnación  de Resolución	Administrativa”		se	equiparó	como	requisito	para	ser considerado	 “veterano	de	guerra”	el	de	 “haber		operado	 en	áreas consideradas de riesgo de combate” (Conf art 21 de la Res 426/04).

III)	Puesta	a	estudio	la	cuestión	que	habilita	la competencia   del   Tribunal   advierto   que   el   gravamen   que   causa   a   la recurrente que  se haya considerado al actor como veterano de guerra sin que  haya  pisado  Malvinas,   ni   estado  en  el  Teatro  de  Operaciones  del Atlántico Sur,  fue tratado, de modo preciso por el juzgador citando el fallo de  la  Corte  Federal	 “Geres,  Carmelo  Antonio  c/Estado  Nacional  Mº  de Defensa  s/Impugnación  de  resolución  administrativa  -proceso  ordinario” G.  123.XLIV  del  09/11/10,  reiterando  –tercer  párrafo  de  fs  75  vta  y segundo de fs. 76- lo expresado por el Alto Tribunal al declarar procedente el  recurso   extraordinario  planteado  contra  la  sentencia  de  la  Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
En   efecto,   manifestó   que   aquella   Alzada   pareció
exigir	el	cumplimiento	de	un	requisito	no	excluyente	conforme	la normativa  vigente,  en  la  que,  además  de  “haber  intervenido  en  efectivas acciones  bélicas  de  combate”  también  se  prevé  el  de  “haber  operado  en áreas  consideradas de  riesgo  de  combate”.  (Conf  art  21 de la  resolución
_426/04).
Ello así, no resulta ilógica la decisión del juez a-quo - como lo  alega la recurrente- ni importa reconocer el carácter de “veterano de guerra” a toda  persona con estado militar durante los meses de abril y junio de 1982.
Por   el   contrario,   el   juzgador   desarrolló   una   línea
argumental  que  este  Tribunal  comparte,  explicando,  detalladamente  que son	de	público	y	notorio	conocimiento	las	tareas	de	colaboración brindadas  al  Reino  Unido  de  Gran  Bretaña  de  parte  de  las  autoridades chilenas;  la  situación  limítrofe  de  la  provincia  de  Tierra  del  Fuego  con Chile; los continuos desplazamientos de tropas terrestres y plataformas de lanzamiento de aviones en toda la zona sur del continente.
Razonablemente	concluyó	que,	el	concepto reglamentario  de  “riesgo  de  combate”  –art  2  de  la  Res  Nº  426/04  del Estado   Mayor   de  la  Armada  Argentina,  permite  considerar  al  ámbito geográfico  de  la   provincia  de  Tierra  del  Fuego  como  incluido  en  su definición, y, a su vez concluir,   que dicha zona queda comprendida dentro del  TOAS  bajo  la  denominación  de   plataforma  continental.  (Cfr.  2do párrafo de fs 76).
El magistrado de grado inferior descartó la validez de
una hermenéutica literal de las expresiones del art 1 de la Ley 23848 –en la  redacción   del  art  1  de  la  Ley  24652-,  pronunciándose  a  favor  de considerar la totalidad de  las disposiciones legales que han extendido los beneficios sociales, económicos y previsionales a todos quienes hayan sido afectados, desde el continente a tareas  relacionadas con el desarrollo de actos de guerra. (Cfr. 4to párrafo de fs. 76).
No puede perderse de vista que el actor se encontraba
en  “estado  de  guerra”  declarado  por  el  entonces  Presidente  de  facto, Teniente  General Leopoldo Fortunato Galtieri que los convocó a tenor del Decreto 999/82 del 31/05/82.
En  el  marco  de  ese  estado  de  guerra,  los  soldados fueron convocados para ejercer funciones militares defensivas y específicas en  el  conflicto  bélico,  resultando  indiferente  que  las  desarrollaran  en  la vanguardia  con  lucha  efectiva  sobre  el  enemigo  o  en  la  retaguardia  con otras   funciones:   logísticas   militares,   de   comunicaciones,   inteligencia, sanitarias,  o  de  seguridad,  porque  todos  contribuían  al  mismo  objetivo: defender la soberanía nacional sobre los territorios del sur del país.
En consecuencia la letra del Decreto 509/88 en cuanto
limita  el  concepto  de  “veterano  de  guerra”  a  quienes  participaron  en acciones  bélicas  desarrolladas  en  el  TOAS  termina  sesgando  el  objeto  y

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motivación  que  tuvo  en  mira  el  legislador  de  la  Ley  23109,  resultando injusto   limitar   sus   alcances   por   cuestiones   económicas.   (En   sentido similar,  confróntese   Fallo  “Arfinetti,  Víctor  Hugo  c/EN-  Ministerio  de Defensa-Acción Declarativa de Certeza”, Sala A de la Cám. Fed. de Apelacs de la Cuarta Circunscripción Judicial que confirma la Res. 567/09 dictada por el Juzg Fed Nº 3 de Córdoba).
Por lo demás, el juzgador funda con lógica el motivo por  el  que  considera  que  la  Isla  Grande  de  Tierra  del  Fuego  integra  el TOAS en carácter de plataforma continental.
El	hecho	de	público	conocimiento	que	alega	la apelante  relativo  a  que  los  grupos  de  conscriptos  o  integrantes  de  la reserva que  fueron movilizados para conformar las filas de las fuerzas no entraron  en  combate,  no  es  materia  de  discusión  puesto  que  lo  que  se resolvió en la sentencia no es contrario  a  lo alegado en el sentido que, se ratifica que el conflicto se circunscribió a los dos ámbitos mencionados por la ley citada, mas se entiende a la Isla Grande de Tierra del Fuego incluida en el TOAS.
Sentado  lo  que  precede,  resulta  que  la  expresión  de agravios  en  tratamiento,  aparece  como  una  mera  disconformidad  con  el criterio fundado del juez, insistiendo en que el actor no estuvo en combate, cuestión que fue tratada de un  modo razonable por el juzgador siguiendo el criterio del Alto Tribunal, por lo que, al no descalificar ese razonamineto del magistrado expuesto con claridad en su fallo, el recurso no puede tener favorable andamiento, correspondiendo, por ende, su rechazo, con costas a la parte recurrente. (Art 68 CPCyCN).
En  cuanto  a  los  honorarios  profesionales  que  corresponden por  la   intervención  en  esta  Alzada,  considero  que  las  regulaciones  de
primera instancia que deberían servir de base regulatoria –art 14 de la ley arancelaria-,  no  responden  al  mandato  constitucional  de  otorgar  por  el trabajo una “remuneración  justa” –art 14 bis CN- por lo que,- en uso de las prerrogativas que surgen de la  interpretación doctrinaria pacífica del art   13   de   la   Ley   24432-   propongo   prescindir   de   tales   bases   y,   en consecuencia, teniendo en cuenta las pautas generales del art 6  –excepto el inciso a)- de la Ley 21839 fijo los estipendios de la Dra. Mariela Viviana Tost  Romero  por  su  intervención  al  contestar  el  recurso  en  la  suma  de pesos dos mil quinientos ($2500). Así voto.

A	LAS	CUESTIONES	PLANTEADAS,	los	Dres.	SELVA ANGÉLICA SPESSOT  y MIRTA GLADIS SOTELO DE ANDREAU dicen: Que adhieren   al   voto   del   Dr.   Ramón   Luis   González,   por   compartir   sus fundamentos.
En  mérito  del  acuerdo  que  antecede,  la  Cámara  Federal  de  Apelaciones dicta la siguiente:
SENTENCIA N° 156
1) Rechazar el recurso fundado a fojas 85/91; 2) Imponer a la recurrente las costas derivadas del trámite del recurso en esta Alzada;
3) Regular los honorarios de la Dra. Mariela Viviana Tost Romero por su
intervención   al   contestar   el   recurso   en   la   suma   de   pesos   dos   mil
_quinientos _($2500).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: DRES. GONZALEZ-SPESSOT

///  Nota:  El  presente  Acuerdo  es  suscripto  por  los  Sres  Jueces  que constituyen la mayoría absoluta del Tribunal- art. 26 del Decreto 1285/58 y 109 R.J.N.-por hallarse de  licencia la Sra Jueza de Cámara Dra. Mirta Gladis Sotelo de Andreau.
Secretaría de Cámara,  veintiocho de octubre de 2013.